Mapping the crimes of the powerful and the economic crisis. Crime, state, and power

Resumen

Las políticas de austeridad han trizado las condiciones de vida de las personas más vulnerables del continente durante los diez últimos años. El mantra de la austeridad para salir de la crisis permite culpar a las víctimas de la misma mientras los culpables escapan con el botín (Cooper y Whyte 2017). El continente entero se ha visto sacudido con fuerza por una de las mayores crisis económicas de la historia del capitalismo. El estallido de la burbuja de las hipotecas subprime en EEUU, hace ya más de diez años, desencadenó una reacción en la mayoría de países occidentales (Barak 2018). La contundencia de la crisis sorprendió a propios y extraños, la devastación social no se pudo disimular, las tasas de desempleo alcanzaron cotas dantescas en las distintas periferias europeas. Recortes en todos los servicios públicos y ayudas sociales, pensiones, educación, bajas laborales, discapacidades, mercado de trabajo. Finalmente, la oleada de la crisis alcanzó el sistema político y los gritos de “No nos representan” resonaron por todos esos países. Todavía hoy en todo Europa se deja sentir el malestar por la situación económica y social. La creciente desigualdad vuelve a tensar el espectro político con propuestas de todos los colores y con una extrema derecha cogiendo fuerza y legitimándose como opción de gobierno. Sin embargo, una vez consolidado el régimen de poder neoliberal asistimos a un falso dilema entre los partidarios del multilateralismo y librecambio representados por la Unión Europea y los del unilateralismo y proteccionismo representados por los EEUU de Donald Trump (Fernández y Hernández 2018). El proyecto librecambista aspira a generar una nueva ronda de tratados comerciales entre países que reduzca aranceles, pero también restrinja la capacidad estatal de excluir a las corporaciones de los nichos de mercado que representan las protecciones sociales de bienestar. De hecho, estos tratados de inversión de “última generación” declaran querer abatir barreras “no arancelarias”, esto es, simple y llanamente, regulaciones muchas de ellas garantes de derechos sociales, laborales y ambientales- que puedan suponer un obstáculo para la libre inversión. Al mismo tiempo, estos tratados aspiran a establecer tribunales privados de arbitraje (ISDS) entre empresas y estados para dirimir los conflictos socavando todavía más la soberanía popular y haciendo de la lex mercatoria la única constitución mundial (Fernández 2018). En cambio, la apuesta proteccionista se centra en la salvaguarda de los capitales nacional-estatales (Pérez Orozco 2018). Esta propuesta busca firmar acuerdos bilaterales donde la desigualdad de poder estatal refleje mejor esa posición de superioridad. El objetivo es proteger la industria interna en alianza con el estado sin que ello tenga porqué significar un mejor acuerdo para las clases populares, pues, el objetivo es protegerse en la guerra económica internacional. Este modelo de capitalismo de crisis se da en situaciones de conflicto político y posibilita el auge del fascismo social (Fernández y Hernández 2018). Ambos modelos consolidan el poder corporativo. Ninguno de los dos modelos permite una resolución del conflicto capital-vida que es la única posibilidad para generar las condiciones de una vida sustentable y digna de ser vivida (Pérez Orozco 2014 y 2018).