El estado del puerto y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Resumen

La pesca ilegal no es un asunto nuevo pero ha resurgido de manera más visible en los últimos años debido al aumento demográfico y a la creación de nuevos mercados, minando los esfuerzos nacionales y regionales para la conservación de las pesquerías, amenazando tanto a las especies como a los ecosistemas en donde viven y generando un negocio enormemente lucrativo a costa de los derechos de los trabajadores, especialmente en los países menos desarrollados. Todo ello ha dado pie al aumento de los actores que pueden y deben intervenir para acabar con el problema, entre ellos, el Estado del puerto. El aumento de la pesca IUU y su consiguiente impacto negativo en las pesquerías se debe, entre otras causas, a la proliferación de los Estados con registros abiertos o de libre matrícula, que otorgan fácilmente su pabellón sin existir ningún vínculo entre el Estado otorgante y el armador del buque. A través de esta práctica, los propietarios o controladores reales de los barcos ¿que suelen estar en un país distinto al del Estado cuyo pabellón ondean éstos- eluden las medidas de conservación establecidas por las OROP en sus áreas de actuación o por los Estados en sus ZEE, al tiempo que se evitan las medidas comerciales no discriminatorias, dando lugar a otra figura indeseable: los puertos de conveniencia, en los que se ¿blanquean¿ las capturas ilegales. La falta de capacidad (recursos técnicos, humanos y económicos) de muchos puertos para concluir inspecciones y tomar medidas contra la pesca IUU, especialmente en los países en vías de desarrollo, facilita el desembarco de toneladas de pescado capturado de manera ilegal que accede así al mercado, en competencia desleal con quienes sí respetan las normas. No obstante, aunque pudiera parecer un negocio fructífero para quienes otorgan su pabellón o prestan sus puertos a este tráfico, lo cierto es que las ganancias son ínfimas para estos Estados y las consecuencias para las pesquerías, nefastas. Otras causas posibles del incremento de la pesca IUU son: la lentitud legislativa (los instrumentos internacionales tardan años en entrar en vigor y con frecuencia quedan obsoletos respecto de las innovaciones tecnológicas de que se sirven los operadores ilegales), la ignorancia de las indicaciones científicas a la hora de fijar los TAC, la inexistencia de un sistema centralizado de vigilancia y control (Vessel Monitoring System) de los buques sospechosos y la sobreabundancia de subvenciones que, para mantener activas flotas demasiado extensas, como en el caso europeo, propician la sobreexplotación y las deficiencias en la actuación de las OROP (dificultades en el intercambio de información entre ellas mismas y entre ellas y los Estados, black lists que no se publicitan, etc.) La falta de responsabilidad y control efectivos por parte de los Estados del pabellón, tradicionalmente los únicos responsables de la actuación del buque en Alta Mar, ha conducido al fortalecimiento de la figura del Estado del puerto y al establecimiento de una serie de medidas que podrá ejercer sobre los barcos extranjeros de que se sospeche que han practicado o alentado la pesca ilegal, independientemente de donde haya tenido lugar la actividad ilegal, aplicando una jurisdicción extensiva (extraterritorial) que va más allá del mero control ejercido sobre los barcos que voluntariamente se encuentren en puerto, al estilo de lo previsto para los casos de vertidos ilegales en el art. 218 CNUDM.