Análisis de la Ley General de Sanidad en la realidad del siglo XXI. Propuestas para un modelo sanitario sostenible

Resumo

Según los últimos informes especializados del sector, durante los años de recesión económica –2008-2015–, se ha producido una desinversión del gasto sanitario público superior al 10%, frente a un incremento del gasto sanitario privado mayor al 7%, haciendo que según los últimos datos registrados –del año 2013– el porcentaje del producto interior bruto (PIB) de gasto sanitario público sea del 6,30% y el del gasto sanitario privado del 2,50% lo que supone una excepción por la proporcionalidad de los valores para los modelos sanitarios de características similares al nuestro. El incremento del gasto privado se ha manifestado tanto en las partidas que los ciudadanos destinan al llamado dinero de bolsillo, complementando con ello las prestaciones excluidas por el sistema sanitario público, como al que invierten a través de los seguros sanitarios de salud con la finalidad de tener una cobertura sanitaria suplementaria a la del sistema sanitario público, siendo este último, suscrito actualmente por casi 7,4 millones de ciudadanos, datos que siguen aumentando, según indicadores del sector, a un ritmo aproximado del 3-5% anual. Además, la desinversión en el gasto sanitario público, ha tenido consecuencias –y las va a seguir teniendo sine die más todavía con los límites al gasto sanitario impuesto a las CC. AA. por los requisitos demandados desde la UE– en cuestiones tan críticas para el mantenimiento de un sistema sanitario de calidad, como la renovación y la innovación tecnológica, o los recortes en el acceso a los últimos tratamientos farmacológicos. Finalmente, para completar esta breve introducción sobre la realidad de nuestro sistema de salud, la verdad es que para garantizar el acceso a los servicios sanitarios a la población, el sistema sanitario público precisa de diferentes fórmulas de colaboración público-privada entre las que destacan los conciertos y el mutualismo administrativo, por las cuales el sector privado gestiona a través de provisión propia aproximadamente el 12% de todo el gasto sanitario público, lo que representa el 0,75% del PIB, lo que sumado al 2,50% que financia directamente, hace que casi el 3,3% del PIB que se destina a Sanidad esté gestionado por manos privadas. Por otra parte, el sistema sanitario público está regulado por una norma –Ley General de Sanidad del año 1986–, que hace años ha comenzado a demostrar signos de agotamiento. Aunque a día de hoy existe gran consenso sobre el modelo sanitario que queremos tener, un sistema social con las máximas coberturas y el mayor alcance posible, ya en la fecha de su proclamación no nació con el consenso necesario y durante todos estos años las condiciones del sistema sanitario, determinadas por las necesidades derivadas del envejecimiento de la población, por una cronificación de procesos que en el año 1986 no existía, y por los avances en la innovación científico – técnica, con todas las opciones sanitarias que esto permite, hace que sea imprescindible una revaluación de la legislación a fin de adaptarla a los requerimientos de la sociedad actual. Es el momento de que contemplemos el sistema sanitario en su conjunto, de que apostemos desde el mayor consenso político posible, por una auténtica reforma del sistema sanitario público que contemple entre otras medidas que figuran en esta investigación, la definición de una cartera de servicios realista, una financiación suficiente, la adaptación de la oferta a la demanda de la población haciendo especial hincapié en la coordinación con los servicios socio-sanitarios, una buena gobernanza del sistema, medidas para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos (humanos, económicos y técnicos), y, desde luego, la corresponsabilidad de los ciudadanos en la utilización de servicios y prestaciones, estando siempre junto al paciente independientemente de su situación y condición social. La protección de la Salud, es uno de los principios esenciales en los que se sustenta el Estado de Bienestar, tal y como se proclama en el artículo 43 de nuestra Constitución y es necesario realizar las reformas necesarias a fin de hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud y mejorar su funcionamiento en línea con las medidas que se promueven desde instancias europeas. En este trabajo, hacemos un recorrido histórico por la evolución del sistema sanitario desde sus orígenes, viendo como la legislación trataba de adaptarse a las diferentes necesidades de la sociedad y como se veía afectada por corrientes políticas e ideológicas en cada momento. Evolución, que desde siempre ha estado marcada por la estrecha colaboración y la necesaria participación de la iniciativa privada, responsable de manera exclusiva, en gran parte de la historia, de la provisión de servicios asistenciales a los ciudadanos hasta la llegada a mitad del siglo XX de la socialización de los mismos, existiendo un punto de inflexión determinante con la llegada de la Constitución del año 1978. Desde ese momento ha habido un empeño por parte de las autoridades políticas para dotar al sistema sanitario de una infraestructura pública que pretende, de manera teórica, dar servicio prescindiendo de la iniciativa privada, relegándola a un papel meramente complementario. Comprobaremos en los resultados de este trabajo, que relegar al sistema sanitario privado a esa complementariedad es un propósito que más que quedar lejos, es una utopía, dado que frente a un incremento progresivo de las necesidades financieras para dar cobertura a la demanda que requiere la salud y las necesidades socio-sanitarias de la población, el sector sanitario privado se erige, por méritos propios, porque no ha dejado de crecer en cantidad y en calidad –sobre todo en lo referente a la innovación tecnológica–, en un aliado imprescindible para permitir el acceso a la población a los medios suficientes para la atención de todas sus necesidades sanitarias. Finaliza el estudio, haciendo una discusión razonada sobre aquellos puntos que es preciso afrontar, a fin de realizar las propuestas y reformas legislativas y estructurales precisas para construir un modelo que permita seguir manteniendo un sistema sanitario de primer nivel en cobertura y prestaciones, entre los países de nuestro entorno y hacerlo sostenible y solvente en el tiempo, sobre la base imprescindible de la existencia de un Pacto de Estado sobre el sistema sanitario.