A obriga do contratista público de indemnizar por danos a terceirosanálise, fundamentos e crítica nos diferentes niveis institucionais do estado complexo, con especial referencia ao nivel xudicial.

Resumo

El Derecho positivo recoge la obligación del contratista público de indemnizar los daños que sufran los terceros, pero en la práctica esta regla no es pacíficamente aplicada. Para analizar esta compleja realidad se realiza un análisis en los diferentes niveles institucionales, atendiendo a la organización territorial del Estado y reflejando particularmente la situación en Galicia. Una vez encuadrado el objeto de estudio, se analiza la cuestión a nivel legislativo desde una perspectiva evolutiva y descentralizada, con referencia a las especialidades que recogen los ordenamientos jurídicos autonómicos y, en un segundo nivel, se continúa con una síntesis de las posiciones adoptadas por la doctrina científica. El trabajo se centra, no obstante, en el estudio de la jurisprudencia en esta materia, fundamentalmente de lo contencioso-administrativo, pues es la jurisprudencia la que -en última instancia-, determina el alcance real de las normas y da acogida o rechaza las diferentes líneas de pensamiento; de ahí que se realice un análisis de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de las diferentes Comunidades Autónomas. Se estudia la jurisprudencia recaída en esta materia, tomando un corpus de tres mil sentencias dictadas en un lapso temporal superior a una década. Así mismo, se atiende también al nivel de la Administración Consultiva, a la doctrina elaborada por el Consejo de Estado y a la de los diferentes órganos consultivos autonómicos. De este análisis multinivel y descentralizado resultan una serie de títulos de imputación que se exponen atendiendo -en primer lugar-, a aquellos en que legalmente se funda la responsabilidad de la Administración, para luego tratar de sistematizar aquellos otros supuestos de imputación de creación jurisprudencial y doctrinal, y que en ocasiones convierten en excepción la regla general de que el deber de indemnizar los daños a terceros que se produzcan durante la ejecución del contrato corresponde al contratista público, que no se convierte en irresponsable como consecuencia del sujeto para el que realiza el trabajo que constituye su objeto social. Esto nos conduce a una reflexión sobre el régimen administrativo o civil de la responsabilidad a la que quedará sujeto el contratista y sus teóricas diferencias, sin que resulte indiferente la fase de ejecución en que se encuentra el contrato. Se analizan, en fin, las vías de reclamación, su correspondiente tramitación de las reclamaciones y su posterior control judicial. Al final exponemos las conclusiones alcanzadas, que pasan por ultimar la tendencia a la unificación de régimen y procedimiento dentro del Derecho administrativo -bajo el control de la jurisdicción contenciosa-, como camino que garantiza una rápida respuesta frente al ciudadano y, al mismo tiempo, responsabiliza al contratista y permite a la Administración velar por la indemnidad patrimonial de los ciudadanos y por la correcta ejecución del contrato. Con ello, se centraliza el control judicial en un único orden, el contencioso-administrativo, para acabar con el peregrinaje de jurisdicciones o con la jurisprudencia que aprecia contra legem la responsabilidad directa de la Administración.